La Unidad Especializada en Combate a la Extorsión logró un golpe contundente contra la delincuencia al desarticular una organización criminal que operaba una red de extorsión en la ciudad de Irapuato y otros municipios del estado.
Inicio de la investigación
El 4 de enero de 2025, un comerciante denunció ante la Fiscalía haber recibido amenazas escritas en papel, donde se le exigía comunicarse a un número telefónico para recibir instrucciones sobre el pago de dinero a cambio de “protección”. La situación generó alarma, pues la extorsión había comenzado a proliferar de manera preocupante en la región.
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Ante la denuncia, la Fiscalía activó de inmediato sus protocolos de investigación y desplegó a un equipo de analistas e investigadores criminales. Gracias a tecnología avanzada, lograron identificar patrones en las llamadas y mensajes de los extorsionadores, permitiendo así delinear una estrategia para su captura.
La creciente ola de casos llevó al Ministerio Público a iniciar más de 20 carpetas de investigación, las cuales coincidían en el uso de un mismo número telefónico y un modus operandi similar.
Cuando las víctimas se negaron a pagar, los delincuentes tomaron medidas más agresivas, atacando establecimientos comerciales con disparos de arma de fuego. Afortunadamente, estos actos violentos no dejaron personas lesionadas, pero generaron un clima de miedo entre la comunidad.
Identificación y captura de los responsables
Los especialistas en informática y telecomunicaciones analizaron dispositivos electrónicos y, con apoyo del C4 de Irapuato, lograron identificar a los extorsionadores. A partir de ese momento, comenzaron las detenciones.
El primer capturado fue Gerardo Antonio “N”, alias “El Chuki”, señalado como uno de los principales operadores de la red criminal. Se le acusa de exigir grandes sumas de dinero a comerciantes, amenazándolos con dañar sus propiedades y empleados si no cumplían sus demandas. Fue vinculado a proceso penal por extorsión agravada.
Poco después, fue detenido Eduardo “N”, acusado de intimidar a dueños de negocios y exigir pagos bajo amenazas. Su captura permitió reforzar las pruebas en contra de la organización criminal, derivando en nuevas órdenes de cateo y operativos estratégicos en varios municipios.
Desarticulación de la red criminal
Con una gran cantidad de pruebas recolectadas, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto (FEIDAI) ejecutó cateos en distintos puntos de Irapuato, León, San Francisco del Rincón y Celaya, lo que evidenció la magnitud de la estructura delictiva.
Estos operativos resultaron en la captura de más de una decena de individuos, entre ellos:
- Raúl “N”
- Lorena Patricia “N”
- Adán Anastasio “N”
- Juan Diego “N”
- Juan Mauro “N”
- Christian Antonio “N”
- Luis Alberto “N”
- Magdalena de la Soledad “N”
- Alessandro “N”
- Stefano Ervin “N”
- Gabriela “N”
- Milagros Alejandra “N”
- Karla Michelle “N”
- Alicia Guadalupe “N”
- Félix “N”
- Édgar Francisco “N”
- María de la Luz Brenda “N”
Durante los cateos, se aseguraron 22 inmuebles, cinco vehículos, dos armas de fuego, cientos de municiones, siete cargadores, múltiples equipos de telefonía, cascos tácticos y drogas, así como 43,800 pesos y 134 dólares en efectivo.
Uno de los golpes más importantes fue la captura de Ernesto Ulises “N”, identificado como el líder principal de la organización criminal en Irapuato. Junto a él, fueron detenidos Jesús Ricardo “N”, alias “El Bombero”, y Rosa María “N”, quienes enfrentan cargos de extorsión agravada y han sido vinculados a proceso penal.
En paralelo, un operativo especial en la colonia Villas del Romeral, en Celaya, permitió la captura de Brayan José “N”, quien fungía como negociador principal de la red de extorsión, siendo el encargado de recibir las llamadas de las víctimas y coordinar los cobros.
En ese mismo punto, fueron detenidas María Luisa “N” y Alejandra Janet “N”, quienes al momento de su arresto portaban arma de fuego, cargadores con municiones, droga, equipo táctico, teléfonos celulares y una motocicleta.
Estas últimas enfrentan cargos por delitos contra la salud, robo y posesión de armas de fuego; tras la resolución de su situación legal, se ejecutarán órdenes de aprehensión por extorsión.
Compromiso con la justicia
Como resultado de estas acciones, 25 personas han sido vinculadas a proceso penal por el delito de extorsión, enfrentando prisión preventiva mientras se desarrollan las audiencias y procedimientos en su contra.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato reafirma su compromiso con la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia, demostrando que la coordinación entre agentes de investigación, peritos forenses y analistas de inteligencia permite golpear con eficacia a las estructuras criminales.
