A este periodista le fue comunicado que el pasado jueves 17 de octubre hacia las tres de la tarde el sujeto N. (la convención al uso dicta que, cuando no sea pertinente revelar la identidad de un sujeto por razones de seguridad o reserva de información, se usa la letra N., como genérico con independencia del sexo de la persona) de 34 años de edad, sufrió discriminación, maltrato psicológico y violencia simbólica por parte de una empleada del recinto conocido como Albergue del Hospital General de Guanajuato, el cual, según su página oficial, es un patronato que ofrece ayuda a pacientes y familiares de personas hospitalizadas del hospital cercano (tan sólo a dos cuadras media). Estos servicios gratuitos o de bajo coste incluyen literas para dormir, sanitarios, un comedor donde se vende una comida completa que incluye agua del día y tortillas por $35 pesos. Cuenta en su interior con un bazar, principalmente de ropa, zapatos, abrigos, libros y corbatas, que son recibidos en calidad de donación por la comunidad y vendidos a bajos precios al público en general con el fin de sufragar gastos operativos del albergue. Su domicilio oficial es Antonio Lona Amézquita s/n. Fraccionamiento Los Alcaldes.
Exteriores del establecimiento
En joven N. refiere padecer un padecimiento psiquiátrico desde su adolescencia y que está en control en CISAME (Centro Integral de Salud Mental), el centro de atención de salud mental gratuito que se encuentra anexo al Hospital General de Guanajuato, por el área de psiquiatría y psicología, y ser de bajos recursos, por lo que, desde unos ocho años ha hecho sus comidas allí, para ahorrarse dinero y por comodidad, pues sus consultas son vespertinas. También refiere hacer comúnmente compras de ropa, bufandas, corbatas, camisas y pantalones de manera constante. Refiere también que cuando estuvo internado por un padecimiento renal durante ocho días su madre pasaba las noches allí.
No obstante, desde hace unas cuantas semanas empezaron a vender medicamentos variados, algunos generales y otros más específicos, a “cooperación voluntaria mayor de 20 pesos”. El joven N. refiere haber pasado en las últimas semanas y revisar qué fármacos le podían servir. Esta venta de medicamentos se encuentra entrando a mano derecha, en un escritorio que también es una especie de recepción. De este modo el joven N. había llevado con anterioridad desinflamantes como naproxeno o analgésicos como paracetamol. No obstante, el pasado día referido encontró con que el lote de medicamentos había crecido de forma considerable. Estaba a cargo del escritorio una mujer que nunca había visto, de unos 57 años, con pelo recogido, tez morena. Al empezar a revisar caja por caja, y por ello apartar momentáneamente, por obvias razones, algunas cajas en filas para revisar el material de abajo, la recepcionista le preguntó de manera prepotente y despótica: “¿Qué medicamento buscas?” A lo que él contestó de manera pacífica: “Estoy viendo qué me sirve para mi botiquín”. Luego, él empezó a ver que la asistente lo miraba de arriba abajo con una mueca de desprecio, y le dijo: “No te los puedes llevar. No son gratis.” Luego le pidió su nombre completo y lo anotó en un post it, sin razón aparente, pero que el joven percibió como un intento de intimidación. El joven entonces le extendió su carnet de citas de CISAME para que viera que efectivamente ese era su nombre y que era paciente psiquiátrico. Molesto por este trato, y habiendo apartado una caja de 14 tabletas pregabalina de 150 mg, una de 30 de propanolol de 40 mg y una de 30 de quetiapina de 300 mg, se disponía a dar su cooperación, la cual iba a ser de cien pesos. La asistente le dijo que no se los podía vender porque eran, según ella, “medicamentos que se venden con receta”. Él le explicó que eran medicamentos de venta libre y para qué usaba cada uno: le explicó que la pregabalina la usaba para potenciar los efectos de sus antidepresivos, que el propanolol lo usa su sobrino ante ataques de pánico y que la quetiapina regula su sueño. Ella le dijo “pues, así como vienes vestido, parece que los quieres para drogarte”. El joven empezó a sentirse más molesto. Ella dijo “yo soy enfermera y esos medicamentos no son para lo que dices. Tengo autoridad para no vendértelos. Aquí tenemos también en venta medicamentos que son con controlados”. Él joven N. respondió duramente: “usted es enfermera, pero no médico ni mucho menos psiquiatra; sus estudios técnicos, que seguramente realizó hace muchos años, no le permiten conocer todos los nuevos usos de los medicamentos”. Ella dijo: “No me ofenda”. Él respondió “Usted me ofendió primero al llamarme implícitamente mentiroso y tratarme con prejuicio.”
Dispensario que tenían a la venta incluso hoy 20 de noviembre de 2024
Luego de ello, el joven pidió que se comunicara con la persona que está generalmente a cargo para consultar el caso. Ella marcó y le dijo a su interlocutora: “Aquí está el paciente de nombre N. que me tiene un tiradero de medicamentos y me dice que usted se los regala”. Ante esta mentira, el joven reconoce haber tenido un acceso de coraje, tomar las tres cajas que pretendía llevar, habiendo ya previamente ordenado todas las demás, y aventárselas al regazo exclamando: “Ella obviamente no me conoce por nombre. Pero, por gente ignorante, prepotente, corrupta, mentirosa y manipuladora como usted, este país está así”, a lo que la mujer reaccionó solo poniendo de frente el teléfono para que la persona del otro lado de la línea oyera la exclamación.
Haciendo las investigaciones pertinentes, se encontró en el Vademecum, que es el más famoso manual farmacéutico en el que se apoyan los médicos, que efectivamente esos medicamentos tienen los usos que el joven expresó. Se cotejó la información con fuentes especializadas, como revistas arbitradas, que indicaban lo mismo. En llamada telefónica a su línea gratuita, la COFREPIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) institución del gobierno federal que regula la venta de medicamentos confirmó que esos medicamentos son de venta libre y que, de ser cierto que en el albergue se venden medicamentos controlados que necesitan receta médica, se estaría cometiendo una grave violación a la ley, pues sería un delito contra la salud ya que sólo el gobierno federal puede regalarlos en caso necesario a sus pacientes y con estricta vigilancia médica, y tiene a una lista relativamente corta de farmacias donde puede adquirirse, pues éstas cuentan con un permiso y regulación especial. El protocolo obligatorio para la veta de un medicamento controlado que se vende exclusivamente con receta médica, tal como las benzodiacepinas y los antibióticos, dicta que su fecha de expedición no debe exceder la semana, que se exprese ya sea el nombre comercial o genérico de manera clara, su gramaje y cantidad de tabletas, así como el tiempo de prescripción. El paciente debe presentar su credencial de elector de donde se toman algunas claves alfanuméricas. Además, el paciente está obligado a dar su domicilio y teléfono actuales. Estos datos se anotan detrás de la receta, además del número de serie y lote del medicamento. Luego la receta se sella y se le retira al paciente, la cual es remitida al gobierno para su archivo. También la institución indicó que los albergues como esos podían recibir medicamento en donación pero que debían donarlo a su vez; pues los establecimientos que venden medicamentos, aunque sean de venta libre, deben tener un permiso especial expedido igualmente por autoridades sanitarias.
Investigando en CISAME, se encontró que efectivamente es paciente de que tal institución, que efectivamente tiene prescritos actualmente la pregabalina y la quetiapina, pero que muchas veces escasean en la farmacia de la institución, razón por la que los pacientes deben comprarla “por fuera”. El área psicológica informó que el joven es de naturaleza tranquila, pacífica, con una inteligencia superior a la normal y sin rasgos sociopáticos o antecedentes de un brote de ira en los 5 años que lleva de psicoterapia en la institución.
Hemos llamado diariamente al teléfono que en Facebook aparece como el de la sede, para obtener un posicionamiento de la dirección del patronato sobre este caso, pues implica el delito de discriminación hacia el paciente en razón de neurodiversidad, atribución de funciones indebidas, etc., sin obtener nunca respuesta. También hemos escrito al correo electrónico que se señala en la misma página y en todas ocasiones el e-mail se regresa, pues la cuenta ya no existe. Del mismo modo, hemos dejado un mensaje en el Messenger de la página de Facebook del patronato sin recibir respuesta. Debido a este último recurso agotado, presumimos que el patronato no tiene interés en aclarar el tema. Serán las autoridades correspondientes quienes investiguen el caso (lo cual ya ha se está llevando) de los diversos delitos que se articulan en este turbio caso, principalmente la de la mujer presuntamente violentadora y los posibles delitos del albergue, siendo el más agrave el de la hipotética venta ilegal de medicamento controlado.
