En una sesión pública el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) resolvió cuatro procedimientos especiales sancionadores relacionados con violencia política contra las mujeres.
El primer caso, TEEG-PES-73/2024, fue iniciado por una integrante del Ayuntamiento de San Luis de la Paz en contra del entonces presidente y secretario municipales. El Tribunal, cumpliendo una sentencia de la Sala Regional, declaró inexistente la violencia política en razón de género respecto a las manifestaciones del alcalde publicadas en un medio informativo. Sin embargo, sí se constató que hubo violencia y obstaculización en el ejercicio del cargo, dado que a la denunciante le fue retirado su asesor jurídico y se le proporcionó información de manera tardía, limitando su capacidad de actuar en el órgano municipal.
En el expediente TEEG-PES-124/2024, una representante del PAN denunció publicaciones en Facebook del perfil “Paloma Del Valle”. Aunque no se pudo identificar a los responsables, el Tribunal determinó que existió violencia en perjuicio de la candidata a regidora, dado que las publicaciones contenían frases estereotipadas que menospreciaban su función y su imagen. Se ordenó la inscripción del perfil en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por violencia política.
El caso TEEG-PES-134/2024 fue presentado por una ciudadana contra el candidato a la presidencia municipal de Apaseo el Grande y los comités del PAN. Se le acusó de vulnerar los derechos de la niñez en propaganda electoral publicada en redes sociales. El Tribunal impuso una amonestación pública al candidato y una multa al partido, tras comprobar que aparecían menores de edad en las publicaciones sin las autorizaciones necesarias.
Por último, en TEEG-PES-98/2024, una entonces candidata a la presidencia municipal de León denunció al PVEM y su precandidato por manifestaciones consideradas como violencia política. El Tribunal acreditó la violencia y decidió multar al candidato y al partido, además de ordenar una disculpa pública y un curso sobre el tema. Las expresiones utilizadas perpetuaban estereotipos de género que descalificaban a la candidata, sugiriendo que sus decisiones dependían de su estado anímico.
La sesión fue presidida por las magistradas María Dolores López Loza y Yari Zapata López, junto con el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía y el secretario general Juan Antonio Macías Pérez.