Guanajuato, Gto.- El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato con el fin de incluir la confabulación como delito, un tipo penal anticipado que permitiría sancionar el acuerdo entre dos o más personas para delinquir, en relación a ciertos delitos graves.
Durante la exposición de motivos, el diputado Alejandro Arias Ávila destacó que el incremento de la delincuencia en el país y en Guanajuato es innegable, y aunque los cuerpos policiacos realizan operativos para combatir el crimen, existen lagunas en la legislación penal que impiden sancionar acuerdos delictivos previos a la ejecución del delito.
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Arias Ávila explicó que, en muchas ocasiones, las autoridades policiales encuentran evidencia que sugiere una confabulación para cometer delitos – como libretas, diarios, o dispositivos tecnológicos con anotaciones que indican un plan delictivo – pero esa evidencia no basta para procesar a los implicados debido a que no se ha alcanzado la fase de tentativa o ejecución del crimen. En estos casos, sólo se aplican sanciones administrativas, limitando las acciones preventivas.
“El derecho penal no debe solo proteger a los criminales, sino también impedir la comisión de delitos cuando se cuenta con evidencia objetiva que refleja un acuerdo entre personas para delinquir”, subrayó el legislador.
El diputado explicó que la confabulación para delinquir difiere de la asociación delictuosa, ya que mientras esta última implica la organización de personas para cometer cualquier delito, la confabulación se limitaría a ciertos delitos de gravedad.
De acuerdo con recomendaciones internacionales, la iniciativa propone que este nuevo delito aplique solo a delitos que generan mayor alarma social o tienen mayor antijuridicidad material, tales como: homicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, violación, robo calificado, tráfico de menores y desaparición forzada.
Finalmente, Arias Ávila afirmó que esta propuesta busca fortalecer las herramientas legales para prevenir la ejecución de crímenes, sancionando los actos previos que evidencian un acuerdo delictivo entre dos o más personas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen.
