El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el martes 4 de abril que había firmado un memorando de entendimiento con la empresa española Iberdrola para la adquisición de 13 plantas de generación de energía eléctrica que posee la empresa en México, por un monto cercano a los 6 mil millones de dólares.
Esta operación representa una de las mayores inversiones del Estado mexicano en el sector eléctrico en las últimas décadas, y según el presidente, forma parte de la estrategia para lograr la soberanía energética y garantizar que no suban los precios de la luz.
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Las plantas que se compran son 12 de ciclo combinado, que utilizan gas natural y vapor para producir electricidad, y una de energía eólica. Estas plantas se encuentran ubicadas en 15 estados del país y tienen una capacidad instalada de 8,534 megavatios (MW), lo que equivale al 11% del total nacional.
Con esta compra, la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado eléctrico aumentará del 39% al 55%, lo que le dará mayor control sobre el suministro y la demanda. Además, se incrementará el promedio de vida útil de las plantas de generación del Estado, que actualmente es de 14 años.
La compra se realiza a través de un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), administrado por Mexico Infrastructure Partners, y financiamiento de la banca. Según el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la operación no implica endeudamiento público ni afecta las finanzas públicas.
La reacción de Iberdrola
Iberdrola es una de las mayores empresas eléctricas del mundo y tiene presencia en México desde hace más de 20 años. Sin embargo, en los últimos años ha tenido una relación tensa con el gobierno de AMLO, que ha criticado su influencia política y su competencia desleal con la CFE.
La empresa española ha cancelado varios proyectos de inversión en México y ha reducido su participación en el mercado eléctrico mexicano del 18% al 9%. Además, ha enfrentado demandas legales por supuestos actos de corrupción y sobornos a funcionarios públicos.
La venta de sus plantas a México se interpreta como una salida parcial del país, aunque la empresa ha asegurado que seguirá operando en México con otros activos y proyectos. Según Iberdrola, la operación le permitirá obtener recursos para invertir en otros mercados con mayor rentabilidad y seguridad jurídica.
El valor de las acciones de Iberdrola se elevó 3.16% tras el anuncio de la venta, lo que refleja el interés del mercado por esta operación. Sin embargo, algunos analistas han señalado que la venta podría tener un impacto negativo en el clima de inversión y la confianza empresarial en México.
Los retos del sector eléctrico
La compra de plantas a Iberdrola se da en un contexto de desafíos para el sector eléctrico mexicano, que ha sufrido problemas de abasto, apagones, alzas en los costos y conflictos legales por las reformas impulsadas por el gobierno.
El gobierno de AMLO ha buscado fortalecer el papel del Estado en el sector eléctrico y revertir las reformas estructurales del gobierno anterior, que abrieron el mercado a la participación privada y extranjera. Para ello, ha promovido cambios legales y regulatorios que han sido impugnados por organismos internacionales, empresas privadas y organizaciones ambientalistas.
Entre los principales argumentos del gobierno están la necesidad de garantizar la seguridad energética nacional, evitar el aumento en las tarifas eléctricas, defender la soberanía nacional
