Israel vive una ola de protestas sin precedentes contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamin Netanyahu, que pretende aumentar el control político sobre el poder judicial y limitar el papel del Tribunal Supremo. Los manifestantes, que han salido a las calles de todo el país, denuncian que la reforma amenaza los fundamentos democráticos de Israel y socava la independencia de los jueces.
La reforma judicial consiste en un paquete de proyectos de ley que deben superar tres votaciones en la Knesset (Parlamento) antes de convertirse en ley. Uno de los elementos más polémicos es el que cambia la composición del comité que selecciona a los jueces, dando al gobierno la mayoría de los escaños en el comité. Otro es la llamada cláusula de anulación, que otorgaría al Parlamento el poder de aprobar leyes previamente declaradas inválidas por el Tribunal Supremo, anulando así sus decisiones.
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Netanyahu y sus partidarios argumentan que el Tribunal Supremo se ha extralimitado en sus funciones, entrometiéndose en asuntos sobre los que no debería pronunciarse, y que no representa al pueblo israelí. En cambio, los opositores a la reforma sostienen que el Tribunal Supremo es el único contrapeso al poder legislativo y ejecutivo, y que su debilitamiento pondría en riesgo los derechos humanos, las minorías y el Estado de derecho.
Las protestas contra la reforma judicial han coincidido con otras movilizaciones sociales por la crisis económica, sanitaria y política que atraviesa Israel. El país lleva más de dos años sin un gobierno estable, tras cuatro elecciones consecutivas sin un claro ganador. Además, Netanyahu está siendo juzgado por varios casos de corrupción, lo que ha aumentado la desconfianza hacia su gestión.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha pedido al gobierno que detenga el proceso legislativo de la reforma judicial por el bien de la unidad del pueblo israelí. También ha hecho un llamamiento a los líderes políticos para que actúen con responsabilidad y valentía. El sindicato más importante del país, Histadrut, ha convocado una huelga general que ha afectado al transporte público, los servicios públicos y el aeropuerto Ben Gurion.
Las protestas contra la reforma judicial en Israel son un ejemplo de la movilización ciudadana en defensa de la democracia y el Estado de derecho. También son una muestra de la división y el descontento que vive la sociedad israelí ante una situación política y social cada vez más compleja y conflictiva.
