Se denuncia en este medio que la Lic. Rebeca Jazmín Bokits Márquez, quien de acuerdo al directorio de la Universidad de Guanajuato consultado en internet, es Enlace Jurídico de la Rectoría General del Campus León, defraudó alevosamente a un estudiante de maestría, becario del Conacyt, del campus Guanajuato, con la cantidad de 2,500 pesos.
Se expone que el estudiante A. G. R. se puso en contacto con la señora para rentar un cuarto en un inmueble del que la señora se ostenta como usufructuaria, en Tepetapa # 7, mismo lugar donde renta a otros estudiantes y viven dos de sus hijos. El afectado refiere que aunque el trato había sido por seis meses, la señora, de profesión abogada, lo hizo firmar un contrato de siete meses porque así convenía a sus intereses, sin consulta previa, así como lo hizo pagar siete pagarés por concepto de 2,500 cada uno por los sietes de renta, así como le fijó el pago de un depósito de 2,5000 pesos.
Tras una serie de abusos, como cobros desproporcionados de servicios, así como prohibirle el uso de la cocina una vez instalado el afectado, porque esto incomodaba a la novia de uno de sus hijos, aun cuando se estaba en el previo entendimiento de que el cuarto la incluía, el estudiante dejó el inmueble al vencimiento del contrato. A pesar de que el estudiante pagó todos los meses de renta, como se demuestra en las conversaciones de Whatsapp entre él y la abogada, ella nunca regresó un solo pagaré al joven. Luego la señora, al momento de serle requerido el pago del depósito, pidió más tiempo para ello. Luego, arguyó que iba a pintar el cuarto a costas del joven, aun cuando al entregarlo a su administrador, dijo recibirlo en perfecto estado. Luego, tras meses de insistencia, y de que la señora no respondiera los mensajes, sin dar mayor explicación, la abogada optó por bloquear al joven del teléfono y posteriormente de Whatsapp, razón por la que el joven decidió acudir a la Defensoría Pública de Guanajuato, ubicada en Avenida Juárez s/n, en el Centro de Guanajuato. Allí presentó las pruebas consistentes en el contrato de arrendamiento incumplido de parte de la señora, donde se especifica la devolución del depósito antes de un mes después de terminado el contrato (ya habían pasado más de tres meses), así como las conversaciones de Whatsapp, donde se demuestra que la señora evadió el pago del depósito.
Allí fue atendido por la Lic. Claudia Graciela Gasca Navarro, quien se comunicó en repetidas ocasiones al teléfono de la abogada sin recibir respuesta. Razón por la que se procedió a redactar la demanda. Antes de presentarla al juzgado, se hizo un último intento de mediación. En esta ocasión, la señora respondió finalmente el teléfono y alegó que no había regresado el depósito debido a que el joven, según ella, quedo a deber dos meses de renta. Lo que es una flagrante mentira debido a que en el historial de Whatsapp se acredita que mes tras mes la señora recibía su pago, e incluso agradecía el mismo, así hasta el final. Al ser interrogada por estas conversaciones, en poder de la Defensoría de Oficio (adjuntas), de donde no se desprende que dos meses hayan quedado a deberse, toda vez que incluso ella hablaba de descontar la supuesta pintura del depósito, la señora solo optó por negar las conversaciones y amenazar con que, de demandar el joven, ella contrademandaría el pago de los supuestos dos meses, dado que ella poseía los pagarés que nunca se entregaron. La demanda en proceso, así como todo su expediente (incluyendo el historial integro de Whatsapp) se expone a la opinión pública en este reporte.
https://drive.google.com/file/d/1Ex7YZw1RNuX0DZR4cX0Vos0ttts1ZSP0/view
Ante esta situación, la defensora de oficio consultó el caso con sus supervisores y jefe de departamento, a lo que contestaron que, pese a los indicios y evidencias, se recomendaba no entablar la demanda ante este panorama ventajoso para la señora. Por lo que el joven fue despachado de la defensoría solamente con la sugerencia de que en futuras ocasiones, de firmar pagarés, los reciba el en el mismo acto de pagar a cambio. Por lo que el joven acude a este medio para presentar su denuncia contra la abogada abusadora.
Tras una investigación periodística, se comprueba que no es la primera vez que la señora comete abusos contra estudiantes de la misma universidad. En el grupo público de Facebook llamado “Quema de Renteros Culeros Guanajuato Capital” se registran al menos cinco casos en los últimos años de estudiantes a los que la señora simplemente ya no respondió el teléfono al momento de regresar el depósito. Incluso aparece el caso de una jovencita del municipio de Cortazar, estudiante de la facultad de Química, quien argumenta que, tras dejar el lugar, dejo encargado su refrigerador porque no podía moverlo en ese momento, y la señora ventajosamente decidió quedárselo como propio.
El Lic. en derecho Amaury Correa Valadez, ex estudiante de la universidad y abogado, expone a este medio que esta práctica ventajosa de los renteros en la ciudad de Guanajuato contra los estudiantes está muy arraigada. “Se aprovechan de que son jóvenes con poca experiencia. Y sobre todo los que son abogados de carrera se las arreglan para amañar los contratos o quedarse con el depósito arguyendo gastos inexistentes, y luego los estudiantes están en desventaja. Como estudiante supe de muchos casos. Es un mal común de los estudiantes conocido.” El lic. Pedro Greca Valadez del despacho Greca y Asociados, de la ciudad de Guanajuato, confirma que desgraciadamente esta práctica es común entre los renteros de la ciudad. “Simplemente los jóvenes no tienen preparación jurídica, no saben defenderse, están solos, o no conocen que existen abogados defensores gratuitos en la misma Universidad y en el poder del Estado, por lo que son presa fácil de personas abusadoras”. “Cualquier joven en situación de abuso debe saber que existen defensores que pueden al menos orientarlo de manera gratuita, en cualquier ámbito; hay diversas instancias. Como prevención, antes de firmar de buena fe un contrato, no está de más conocer la opinión de un experto”, alentó.
Es bastante indignante que alguien encargado de velar por los intereses jurídicos de la Universidad cometa estos abusos alevosos contra la comunidad estudiantil. Pues, aunque se comete fuera del ámbito universitario, y en el seno civil, la Universidad debería velar por prevenir y actuar contra estas situaciones. Así como ser congruente entre las personas que la representan jurídicamente y su interés, expresado en reiteradas ocasiones, por el bienestar de los estudiantes en su vida en esta ciudad universitaria.
